Desde principios de 2023, los fiscales de Georgia han amenazado con acusar a los activistas que protestan contra una instalación de militarización policial conocida como “Cop City” de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). La semana pasada, el fiscal general de Georgia Chris Carr acusó 61 personas por cargos RICO en el condado de Fulton.

Al agrupar indiscriminadamente a decenas de detenidos, muchos de los cuales aparentemente no se conocían, en un caso de conspiración inventado, la fiscalía está intentando criminalizar la protesta en sí misma. Este caso representa una represión políticamente dirigida a suprimir todas las formas de activismo y disidencia, al estilo de Vladimir Putin. Debería ser de interés para cualquiera que se preocupe por las libertades civiles, como la libertad de protestar o la libertad de abogar contra la brutalidad policial y el autoritarismo o a favor de la preservación del medio ambiente.

El escrito de acusación no parece indicar que los fiscales dispongan de información desconocida que indique la existencia de una conspiración, en el sentido en que se emplea habitualmente esta palabra. Más bien, han presentado nuevos cargos contra personas cuyos nombres ya conocían como resultado de detenciones anteriores, y ahora se esfuerzan torpemente por inculparlas como participantes en una empresa criminal cohesionada.

Entre los acusados hay 42 personas ya acusadas de “terrorismo” por participar supuestamente en el movimiento #StopCopCity, muchas de ellas por acciones tan simples como entrar en un bosque o publicar en las redes sociales; otras tres personas ya acusadas de delitos graves por distribuir supuestamente octavillas; y otras tres personas acusadas el pasado mes de mayo de “blanqueo de dinero” y otros delitos por organizar el apoyo jurídico a los activistas. Ninguna de estas acusaciones previas se ha saldado con una sola condena.

Lo único que conecta a todos estos acusados es que todos parecen haber sido detenidos o encarcelados en algún momento, aunque fuera de forma aleatoria, bajo la sospecha de protestar contra el plan del gobierno de destruir el bosque Weelaunee.

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Historia de dos casos RICO

Aunque la acusación tuvo lugar en el condado de Fulton, está siendo procesada por el fiscal general del estado. Esto parece indicar divisiones en el seno de las autoridades, pero cabe preguntarse hasta qué punto son profundas.

El fiscal del condado de Dekalb, demócrata, ya se retiró de todos los casos relacionados con el complejo de entrenamiento policial el pasado mes de junio, alegando diferencias irreconciliables con el fiscal general del estado, republicano. El juez asignado a este nuevo caso RICO inmediatamente se recusó de él hoy. Hasta ahora, los jueces no se habían recusado de casos relacionados con el movimiento para detener Cop City incluso cuando tenían claros vínculos con la campaña para construir el centro de militarización policial.

Atlanta tiene ahora dos casos políticos RICO que compiten entre sí: uno contra Donald Trump, procesado por el fiscal del distrito del condado, y otro contra los acusados de protestar contra la construcción del centro de entrenamiento policial, procesado por el fiscal general del estado.

Queda por ver si existe algún conflicto sustantivo entre los fiscales demócratas locales y los fiscales republicanos a nivel estatal en Georgia. Los republicanos probablemente habrían perseguido estos cargos incluso si la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, no hubiera presentado su propio caso RICO contra Donald Trump y sus compinches, pero ahora citarán la acusación de Trump para incitar a su base a apoyar el uso de cargos RICO contra activistas medioambientales. Para muchos votantes demócratas, el uso de cargos RICO contra Trump sólo servirá para legitimar el sistema judicial en su conjunto y la persecución RICO en particular, incluso cuando ambos se utilizan principalmente contra las comunidades oprimidas y los movimientos de protesta. El hecho de que los republicanos a nivel estatal estén impulsando este caso ofrece a los políticos demócratas una negación plausible para que puedan seguir ganando elecciones aunque sus votantes desaprueben la criminalización de la disidencia. Por su parte, la mayoría de los políticos demócratas dependen de la policía tanto como los republicanos, están tan ansiosos por que se construya Cop City como por que los movimientos de protesta pierdan su eficacia.

Aunque los dos casos RICO representan facciones rivales de la clase política, el mismo gran jurado que acusó a Donald Trump es responsable de acusar a los acusados de “chantaje” por protestar contra Cop City. El sistema judicial es la infraestructura central para dirigir la violencia estatal; aunque los demócratas ingenuos puedan presentarlo como un control de las aspiraciones de los autócratas, se presta naturalmente a todas las formas de represión contra los oprimidos, y ese es el papel principal que siempre desempeñará.

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La criminalización de las ideas

Como exploramos en mayo, esta no es la primera vez que las corporaciones y la policía han utilizado frívolamente los cargos RICO para intimidar a quienes se oponen a sus acaparamientos de poder. Por ejemplo, entre 2016 y 2019, la empresa detrás del oleoducto Dakota Access presentó cargos RICO contra la organización moderada sin ánimo de lucro Greenpeace. Todos esos cargos fueron finalmente desestimados, pero tales procesamientos sirven para intimidar e inmovilizar a los objetivos, y representan un esfuerzo continuo por parte de las corporaciones y la policía para subordinar aún más el sistema judicial a su propia agenda.

En una rueda de prensa en la que se anunciaron los cargos, la fiscalía sostuvo que la legislación de Georgia está redactada de tal manera que no es necesario que las personas se conozcan entre sí para participar en una conspiración; todo lo que se necesita es que trabajen por el mismo objetivo. Esto interpreta la “conspiración criminal” de forma tan amplia que da pie a implicar prácticamente a cualquier participante en cualquier movimiento social de la última década en la violación de la ley RICO.

En la acusación, los fiscales hacen hincapié en que los acusados están siendo acusados simplemente por oponerse a la construcción del centro de militarización de la policía:

Defendamos el Bosque de Atlanta no se nutre de un único lugar, ni todos los miembros de Defendamos el Bosque de Atlanta tienen un historial de trabajo conjunto como grupo en un único lugar. Sin embargo, el grupo comparte una oposición unificada a la construcción del Centro de Entrenamiento del Departamento de Policía de Atlanta, a las empresas constructoras asociadas al proyecto y a las empresas asociadas a las propiedades en construcción en los alrededores [sic]¹ que rodean el bosque.

“Defendamos el Bosque de Atlanta se compone de tres ideologías principales”, continúa el texto: una “ideología contraria a la aplicación de la ley”, “la protección del medio ambiente a toda costa” y “una ideología anarquista”. Son ideas las que se juzgan aquí.

Sin citar fuentes, la acusación atribuye las declaraciones más extravagantes a “la organización” en su conjunto; por ejemplo, “Tortuguita murió intentando matar a un policía en defensa del bosque de Weelaunee”. Esta afirmación contradice directamente la narrativa sobre el asesinato de Tortuguita que prevalece en los numerosos movimientos que tratan de preservar el bosque.

Al principio de la acusación, se dedican cinco páginas específicamente a los tres acusados de asociación con el Fondo de Solidaridad de Atlanta. Sus nombres se repiten una y otra vez a lo largo de la acusación. Además de criminalizar el “anarquismo”, la oposición a la policía y la preocupación por el medio ambiente del que todos dependemos para sobrevivir, otro de los objetivos centrales de la acusación es claramente sentar un precedente para criminalizar el apoyo legal a las personas detenidas por actividades de protesta.

Del mismo modo, la acusación considera explícitamente que “distribuir octavillas”, “ocupar una casa en un árbol” y estar presente en un bosque “con camuflaje, material de acampada y provisiones” son actos manifiestos que fomentan una conspiración.

La acusación repite una afirmación previamente desacreditada sobre la supuesta condición “terrorista” del movimiento para defender el bosque de Weelaunee, afirmando que

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha clasificado a los individuos como presuntos extremistas violentos internos (DVE).

De hecho, según el propio DHS,

El Departamento de Seguridad Nacional no clasifica ni designa ningún grupo como extremistas violentos domésticos.

Para justificar la etiqueta de “terrorista”, la acusación cita un boletín del DHS, pero este boletín simplemente se hace eco de la afirmación anterior de los fiscales de Georgia de que los acusados ​​son “extremistas violentos nacionales” y añade el calificativo “ supuestamente” para poner en duda esa afirmación. Los fiscales de Georgia están intentando repetir una mentira hasta que se convierta en verdad.

En 2020, el DHS fue una de las instituciones federales en las que confió Donald Trump en su intento de sofocar las protestas, especialmente en Portland, Oregón. No es conocido por su renuencia a apoyar la represión. El hecho de que exista una aparente fricción entre la representación del DHS por parte de los fiscales estatales de Georgia y las declaraciones del propio DHS sólo ilustra hasta qué punto los fiscales estatales de Georgia están dispuestos a arriesgarse en este caso.

Hay un tercer caso RICO muy conocido en Atlanta: la procesamiento de Young Thug, Gunna y Young Slime Life, que cita letras, publicaciones en redes sociales y ropa como evidencia de extorsión criminal. En ambos casos, los fiscales están interpretando los estatutos RICO de Georgia de manera tan amplia que justifican definir a las personas como conspiradores criminales sobre la base de una narrativa construida sobre sus ideas e identidad.

En la tortuosa frase de la fiscalía, “los anarquistas violentos intentan presentar al gobierno como opresores violentos”. Al presentar estos cargos, el gobierno del estado de Georgia afirma su compromiso con la opresión violenta, empezando por cualquier persona que sospeche que habla en contra de su violencia.

No es seguro que este caso RICO tenga éxito. Pero si lo hace, tendrá enormes repercusiones para otros movimientos sociales en Estados Unidos. Independientemente de que tenga éxito o no, marca un nuevo mínimo en el uso del acoso judicial para atacar la disidencia. Cualquiera que no desee vivir en una sociedad totalitaria debería apoyar a los acusados ​​y resistir este intento de sentar un nuevo precedente de represión estatal.

Done aquí para apoyar a los acusados.

Lectura y visualización adicionales

• Comprensión de las acusaciones RICO contra activistas de Stop Cop City: grabación en video de un seminario en línea organizado por el Gremio Nacional de Abogados
• Sobre el uso político de los cargos RICO